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Los empresarios de la agencia recurrirán a la justicia europea si el IVA de todos los servicios no se equipara al 4% – BCFocus

Una anciana en una residencia en la Comunidad de Madrid, en una imagen de archivo.
Una anciana en una residencia de la Comunidad de Madrid, en una imagen de archivo. Carlos Rosillo

Tres empresarios de la agencia se han mostrado este lunes dispuestos a recurrir a la justicia europea si el PSOE no “levanta el veto” sobre la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que pide equiparar el IVA al 4% en todos los servicios. Quieren acabar con lo que consideran “una injusticia histórica”. Actualmente, quien paga un centro de día o una residencia de su bolsillo asume una tasa del 10%, frente al 4% de los servicios públicos y concertados. Según las empresas que trabajan en el sector, esto puede implicar que una persona con plaza en una residencia privada asuma un coste más de 100 euros al mes superior al que iría acompañado de una tarifa hiperreducida. “Aún nos quedan 10 días para que se levante el veto, pero es cierto que esto no pasa, no nos quedará más remedio que hacer otras acciones”, explicó este miércoles durante una rueda de prensa el presidente del Círculo de Atención a las Personas. (Ceaps), Cinta Pascual. Ella ha estado dispuesta a utilizar todos los medios posibles, como ha dicho.

A la rueda de prensa acudieron tanto Pascual, como el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, y el secretario general de la Asociación Estatal de Servicios a la Dependencia (AESTE), las tres grandes patronales que empresas del grupo del sector residencial, aunque todas también prestan servicios de ayuda a domicilio o centros de día, entre otros. Para reivindicar este cambio, han firmado un manifiesto, impulsado por Ceaps, junto a representantes de “más de ocho millones de pensionados y jubilados”. Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Plataforma Estatal de Asociaciones de Personas Mayores, CEOMA, y el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD). Pascual ha precisado que no se trata de “impuestos”, sino de “justicia”.

Como explicó Pascual, si las personas dependientes que esperan conseguir una plaza pública o concertada en una residencia se dirigen a una plaza privada mientras esperan, tienen que pagar un precio medio de 1.777,62 euros al mes, más un IVA de 10 %, importe superior a la pensión media en España, que es de 1. 170,96 euros -a diciembre de 2020-. Esta situación no debería ocurrir “si se cumpliera con la ley”, que establece que la persona dependiente debe recibir el servicio o beneficio solicitado en un plazo máximo de 180 días. Sin embargo, “lleva una media de 414 días”, ha criticado Pascual.

“Injusticia social”

Por tanto, mientras esta situación no cambie, los firmantes del manifiesto piden corregir lo que consideran “una injusticia social”: que estas personas tengan que pagar un IVA del 10% por estos servicios privados cuando por un servicio idéntico contratado en el público o el concertado este impuesto es del 4%. Aseguran que esta diferencia puede suponer hasta 120 euros más al mes, en el caso de que la residencia cueste 2. 000 euros (con la tarifa al 10% serían 200 euros y con el 4% serían 80 euros). Los representantes de las tres patronales se han mostrado “esperanzados” de que el PSOE cambie de opinión y la enmienda presentada por el PP, por ERC y por el PDeCAT pueda finalmente ser sometida a votación y seguir adelante.

De lo contrario, anuncian que acudirán a los tribunales. “Si esta semana no se atiende nuestra solicitud de modificación, iremos a la justicia europea”, ha subrayado el secretario general de AESTE, Jesús Cubero. En la misma línea ha hablado el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, quien ha señalado que la situación actual es “claramente discriminatoria”.

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