Connect with us

Presione Soltar

Las escuelas deben contar con un coordinador contra el acoso y la violencia contra los niños del curso que lo acompaña. – BCFocus

Published

on

El próximo curso académico, todos los centros educativos, sean públicos, privados o subvencionados, deberán contar con un coordinador de bienestar y protección, que será la figura de referencia en los centros a los que puedan acudir los niños en caso de que sean víctimas de violencia, desde intimidación al abuso o maltrato. Serán responsables de actuar sobre casos sospechosos y velar por el cumplimiento de los protocolos contra cualquier forma de violencia contra la niñez. Para entonces esta figura también debe estar operativa, a nombre de delegado de protección, en las entidades que realizan actividades deportivas y de ocio.

Así lo acordó este lunes la jornada sectorial de infancia, que agrupa a las comunidades autónomas y la Consejería de Derechos Sociales, y que ha acordado una hoja de ruta para desplegar las medidas contenidas en la ley de protección de la infancia frente a la violencia, que fue aprobado el pasado mes de mayo y es pionero en el reconocimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, pero requerirá de un gran despliegue normativo por parte de las autonomías y del ministerio hasta que pueda ser plenamente aplicado.

El acuerdo ha sido aprobado por 10 autonomías, seis se han abstenido (con la intención de consultar previamente con los ministerios de educación) y solo el País Vasco ha votado en contra. Durante la tramitación parlamentaria de la ley, el PNV ya había mostrado su rechazo por motivos jurisdiccionales. El pacto no es vinculante, pero es el primer acuerdo del Gobierno con las autonomías para avanzar en tareas de coordinación durante la implementación de la ley.

El coordinador de bienestar y protección de los alumnos será la figura de referencia en los centros educativos para todo lo relacionado con la violencia o su prevención. Será supervisado por el director y su labor será, básicamente, que se cumplan los protocolos de prevención de la violencia y buen trato. Será él quien actúe en casos sospechosos. Entre sus tareas, tal y como establece la ley, estará impulsar planes de formación en prevención, detección precoz y protección de menores, tanto para el personal como para los propios alumnos, para identificarse ante la comunidad educativa como principal referente. para las comunicaciones relacionadas con la violencia en el centro o sus alrededores, y para coordinar los casos que requieran la intervención de los servicios sociales, así como de las fuerzas de seguridad.

“Es una tarea urgente que incluimos en la ley y que debemos implementar lo antes posible”, dijo el ministro Ione Belarra durante el encuentro, refiriéndose a esta cifra. “Deben ser el elemento clave para que los planes y protocolos se implementen en la educación y en el ocio y el deporte, escuchando a los menores y sus advertencias sobre cualquier tipo de violencia, y comunicando situaciones de riesgo”, agregó, algo que “no puede esperar. más tiempo.” En el curso 2022 – 2023 deben estar en pleno funcionamiento. Y en el segundo trimestre del próximo año, la jornada sectorial analizará el grado de articulación y desarrollo de estas figuras.

14 nuevas tareas

Pero el acuerdo adoptado este lunes va más allá de la coordinadora de protección, y fija en la conferencia sectorial de infancia y adolescencia 14 tareas a completar en determinadas épocas de 2022 y primeros meses de 2023. El objetivo es establecer un mínimo común denominador para todas las autonomías, para armonizar la implementación de la ley.

Por ejemplo, en el primer cuatrimestre de 2022 se deben aprobar Recomendaciones para brindar una atención integral, rápida y coordinada a los menores víctimas de delitos violentos y promover su recuperación en servicios especializados, y se debe acordar los criterios que deben ser atendidos por los mecanismos de denuncia de violencia. los niños sufren, para que sean claros, seguros y accesibles, como líneas telefónicas de ayuda gratuitas, medios electrónicos o plataformas digitales, y que estos sean conocidos por familias y profesionales.

Se ha acordado que en los primeros cuatro meses del año se debe acordar un documento con recomendaciones y criterios comunes, que debe contener los protocolos que contempla la ley, que son muchos y todos ellos deben ser sometidos a evaluación. Entre ellos se encuentran los protocolos de actuación en escuelas y centros deportivos y de ocio, cuyo cumplimiento debe velar por el coordinador de protección; los que afecten la actuación de las fuerzas de seguridad para el buen trato de los niños víctimas de violencia y evitar la victimización secundaria (que los menores revivan sus traumas durante la denuncia y proceso judicial), y los protocolos en los centros de protección de menores, específicamente los de prevención, detección e intervención ante posibles casos de abuso, explotación sexual y trata.

En el segundo trimestre del próximo año, las jornadas deben acordar también pautas para incluir la formación en la temática de los derechos del niño en el currículum de los profesionales de diferentes ámbitos que requieren un contacto regular con la infancia y las autonomías deben presentar las líneas generales de sus planes de prevención. para erradicar la violencia contra los niños, que debe contener medidas de prevención en áreas desde el familiar hasta el de los servicios sociales, pasando por las fuerzas de seguridad.

Será entre enero y abril cuando se celebre la conferencia sectorial en Ver la estrategia nacional del Gobierno para la erradicación de la violencia contra la niñez, que las organizaciones del sector han calificado como uno de los elementos clave para lograr una buena implementación de la ley, ya que tendrá tendrá carácter plurianual y establecerá las tareas a desarrollar por cada Administración. También contendrá un informe económico. De momento, solo ha trascendido que el Gobierno contempla una partida de 25 millones de euros en los presupuestos para 2022, que se encuentran actualmente en tramitación en el Congreso, para impulsar el desarrollo de la ley. En el informe económico de la norma se contemplaban “más de 70 millones”, como la propia Belarra había anunciado.

“Descargo de responsabilidad: si necesita actualizar o editar este artículo, visite nuestro centro de ayuda. Para obtener las últimas actualizaciones, síganos en Google News”

Google News

Continue Reading

© 2021