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La Fiscalía sostiene que el proyecto Castor conocía las consecuencias sísmicas de las inyecciones de gas y las ocultaba – BCFocus

La Fiscalía ha mantenido este lunes que los responsables del proyecto Castor retuvieron información sobre las consecuencias de las inyecciones de gas y minimizaron los daños una vez se produjeron los movimientos sísmicos en la costa mediterránea, frente a la población castellonense de Vinaròs. Esa ha sido la base de sus conclusiones en la última sesión del juicio que este lunes se ha visto para sentencia y en la que dos exdirectores de la empresa Escal – adjudicatarios del proyecto y controlados en un 66,7% por ACS—, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau. La fiscal ha asegurado que la empresa conocía las advertencias realizadas por el Observatorio del Ebro sobre los efectos que podría tener la inyección de gas en el depósito subterráneo en el que pretendían crear el mayor almacén de gas que se iba a implantar en España. De la misma forma, ha dicho que una vez que comenzaron a producirse estos movimientos, la empresa minimizó los daños.

La Fiscalía ha retirado el término “riesgo catastrófico” de su relato de las consecuencias del gas en el tanque, pero ha sostenido que la firma, en todo momento, “despreció” los avisos sobre terremotos, cercanos al mil aunque de baja intensidad, que afectó la vida de los vecinos, “la intimidad familiar, la inviolabilidad del hogar y la calidad de vida”. Por tal motivo, ha mantenido la solicitud de seis años de prisión para cada uno de los imputados de un delito ambiental con riesgo a la vida.

La acusación particular, que pide indemnizaciones para más de un centenar de afectados, ha destacado dos cuestiones. Por un lado, la relación que, según los expertos, existe entre las inyecciones de gas y los terremotos y, por otro, el miedo que vivieron los vecinos durante unos meses, entre septiembre y diciembre de 2013, en los que más de medio millar de temblores fueron registrados. “Es coherente pedir una compensación por la exposición continua a 552 terremotos”, señaló. “Vivían con ansiedad, angustia, incertidumbre y ansiedad”, agregó. como imputado—, han sostenido que Escal actuó “de manera responsable, prudente y adecuada”, que no se les podría haber pedido mayor diligencia, que la empresa tuvo auditorías que confirmaron que se cumplían los estándares y protocolos de seguridad. En todo caso, han señalado que no existe evidencia sobre la autoría del imputado, ya que “solo confiaron en las personas calificadas que tomaron las decisiones”, ha concluido.

La paralización del proyecto Castor, que era una concesión administrativa, supuso la ejecución de la letra pequeña del contrato, que fijaba una indemnización en caso de que no funcionara el almacén, cuyo cierre costaba 1. 350 millones de euros.

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