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la estadística pendiente – BCFocus

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La medida fue anunciada a finales de 2018, siendo muy reciente la conmoción por el caso Laura Luelmo. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se comprometió entonces a recolectar los datos de víctimas fatales sin relación con su agresor a fin de contar con una estadística que permitiera realizar un diagnóstico y así dimensionar el alcance de este tipo de delitos, como ya es el caso. caso con los asesinados por sus parejas o ex parejas. Esta es una lista en la que deben reflejarse casos como los de Diana Quer y Laura Luelmo. El juicio contra el presunto violador y asesino de Luelmo se celebra desde el lunes en la Audiencia Provincial de Huelva. Tres años después del anuncio de la medida, esa estadística sigue pendiente.

La nueva lista debía cumplir con el mandato del Convenio de Estambul, el acuerdo del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que España ratificó en 2014 y con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que salió adelante en el Congreso. de Diputadas en 2017. Lo anunció hace tres años la entonces delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y actual ministra de Justicia, Pilar Llop. Un portavoz de la delegación, ahora encabezada por la jueza Victoria Rosell, se ha negado a explicar por qué esa estadística aún no está disponible tres años después. “Es algo en lo que estamos trabajando, pero hasta que no lo tengamos bien cerrado no podremos decir nada”, dice el citado vocero.

El compromiso, recogido en una circular que fue enviada en 2018 a las unidades de coordinación de la violencia contra las mujeres (dependientes de las delegaciones de gobierno en cada comunidad), incluye la confección de un “expediente” de cada caso para enviarlo a la delegación central, con datos sobre el hecho (dónde, qué día y qué hora); identidad, edad, nacionalidad y país de nacimiento del agresor y la víctima, si existió algún tipo de relación, si hubo “denuncias previas de un delito o se impusieron medidas cautelares o penas”, el arma o el modo utilizado para el asesinato, si hubo agresión sexual, la detención o no del agresor, el suicidio o no del agresor, los hijos de la víctima o la discapacidad de la víctima.

En la ley integral contra la violencia de género de 2004, esta se define como la ejercida por un hombre sobre una mujer con la que tiene o tuvo relación o sobre sus hijos e hijas. La futura ley de libertad sexual, pendiente de aprobación, prevé extender este marco más allá de la pareja, como también exige el Consejo de Europa. Y en esta línea está la consideración y recopilación de datos de casos como el de Luelmo y también de víctimas de trata y en el ámbito de la prostitución.

“El desconocimiento de la dimensión de estos ataques no es algo vacío, sino que está lleno de estereotipos que dificultan la toma de decisiones”, ejemplifica el forense y ex delegado del Gobierno contra la Violencia de Género entre 2008 y 2011, Miguel Lorente. La estadística de delitos en la pareja o expareja ha contabilizado el asesinato de 1. 118 mujeres desde 2003. “Cuando en España empezamos a contar esos casos, nos dimos cuenta de la gravedad que tenían y pudimos valorar lo que estaba pasando. Si no cuantificamos y conocemos la dimensión de la violencia sexual, no podremos conseguir la implicación, compromiso y responsabilidad de todos los sectores, desde la sociedad hasta las instituciones ”, dice Lorente.

Una denuncia por agresión sexual cada seis horas.

El último balance de delitos del Ministerio del Interior, que se hizo público la semana pasada, muestra que los delitos contra la indemnización sexual han crecido en España un 27% en el último año, con 12. 638 delitos sexuales denunciados entre enero y septiembre de este año . El aumento llega al 30% en los casos de violación, agresión sexual con penetración. En el mismo período, se denunciaron 1 601 violaciones: cuatro por día, una cada seis horas. Por comunidades, donde más ha aumentado ha sido Asturias, Navarra, Extremadura y Castilla-La Mancha. Los únicos dos que registran un descenso son Canarias y Murcia, con un descenso del 6,8% y del 5,9%, respectivamente.

En el informe, Interior indica que “el aumento de los delitos contra la libertad e indemnización sexual debe estar relacionado con las actividades políticas que han provocado una mayor disposición de las víctimas a denunciar estos delitos”. Miguel Lorente considera que el alza no se explica solo por el hecho de que haya una mayor disposición a denunciar por parte de las víctimas. “Tenemos elementos que reflejan un aumento de la violencia en sí, como se ve en las violaciones grupales, el hecho de que se graben con teléfonos móviles o cómo la pornografía muestra desprecio y cuestionamiento a las mujeres”, dice el forense.

El aumento de denuncias se ha producido tras dejar atrás los meses más duros de encierro por parte del covid. Lorente defiende que el encierro ha provocado un aumento de la violencia sexual. En primer lugar, el que ocurre dentro de la pareja y, en segundo lugar, el que ocurrió “luego del fin del estado de alarma, cuando se sostuvieron macrobotellas que podrían favorecer tal violencia”.

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