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El Archivo Histórico de Movimientos Sociales nació sin dinero extra ni personal específico – BCFocus

Los archivos de las organizaciones obreras y estudiantiles antifranquistas, los de los primeros grupos conservacionistas y feministas de España, los documentos de los pioneros en la reivindicación de los derechos de los homosexuales o de los movimientos de objetores de conciencia contra el servicio militar… Todo esto podría haber un lugar en el recién nacido Archivo Histórico de Movimientos Sociales, creado por el Ministerio de Cultura y que tendrá su sede en Alcalá de Henares (Madrid). Sin embargo, tras las luces de una supuesta medida estrella que el ministro Miquel Iceta quiere implementar en unos meses, las asociaciones del sector archivero y documental dudan de que el proyecto cuente con el dinero, los medios y el personal necesarios. Esta iniciativa fue anunciada por el anterior ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, en febrero de este año. Sin embargo, aliviado esto en julio, Iceta tomó la batuta y en octubre el Consejo de Ministros aprobó el real decreto, publicado en el BOE de 12 de ese mes, con el que se pone en marcha el archivo.

El secretario general de Cultura y Deportes, Víctor Francos, subraya que “será el primer archivo nacional, en este caso dependiente de la Dirección General de Bellas Artes, que registra los movimientos sociales de finales del franquismo, poco antes de la Transición, hasta principios de los ochenta, porque es la etapa en la que surgen este tipo de organizaciones ”. La ley de patrimonio, de 1985, considera documentos con más de 40 años. Las ponencias que Cultura espera recibir pertenecerían a “entidades, fundaciones y colectivos que han participado en la transformación social y política de España tal y como la conocemos hoy”, añade Francos, que por ahora prefiere no dar nombres de organizaciones que ya lo han hecho. ha sido dirigido al ministerio. El real decreto hace hincapié en recuperar el legado “del movimiento feminista” y de las asociaciones de consumidores.

Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura y nuevo miembro de la Real Academia de la Historia, confía en que el proyecto generará “una inercia que lleva a aportar archivos personales y captar donaciones”. Este historiador afirma que “la concentración de archivos genera sinergias y facilita el trabajo de los investigadores”, que en este caso puede ser “fundamental para entender las líneas divisorias que provocaron la crisis del franquismo, especialmente de trabajadores y universitarios”, a través de sus huelgas. manifestaciones y protestas.

Primera manifestación del Orgullo Homosexual en Madrid, celebrada en 1978.
Primera manifestación del Orgullo Homosexual en Madrid, celebrada en 1978. CHEMA CONESA

Henar Alonso, director de la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), que agrupa a unos 150 miembros, sostiene que la idea no les parece mala, “pero aspectos importantes se han dejado sin regular en el real decreto”. Su asociación, que defiende los archivos públicos como garantes de la transparencia administrativa y los derechos ciudadanos, pide “una ley general de archivos que regule todos los archivos, públicos y privados, para definir cuestiones como el acceso, y no un real decreto”. Y se pregunta: “¿No hubiera sido mejor incorporar los nuevos documentos al Archivo de la Administración General (AGA) o al Archivo Histórico Nacional (AHN)? El acuerdo nos parece antitécnico, han ido muy rápido ”.

“Pobre hermano”

Alonso también destaca una pregunta fundamental para ellos. El real decreto establece que los gastos que genere este nuevo expediente “serán cubiertos por los créditos presupuestarios del Ministerio de Cultura y Deportes, sin que supongan un incremento del gasto público”. “Por tanto, parece difícil pensar que sean posibles nuevas aportaciones documentales si no se contempla una inversión en nuevas infraestructuras”, añade. Así lo confirma la presidenta de la Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC), Yolanda de la Iglesia, que reúne a profesionales del sector público y privado que gestionan la información: “El problema es la falta de recursos económicos. Los archivos que ya existen son el hermano pobre de la gestión de la información en la administración pública. Sin dinero es una propuesta que nos genera mucha incertidumbre. “

Además, “las referencias al personal que se hará cargo de estas tareas son mínimas”, añade Alonso, por lo que para la AEFP “hay mucha vaguedad; querían ser grandiosos y colgar la medalla de un nuevo centro, que sería bueno para poner dinero, pero no a cero ”. De la Iglesia apunta en el mismo sentido: “Hay mucha prisa en las propuestas” y lamenta “que no haya habido mucha participación de los agentes” del sector en lo acordado por Cultura.

Manifestación en Madrid del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 1978, bajo el lema
Manifestación en Madrid el 8 de marzo de 1978, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema “Por un trabajo sin discriminación”. Chema Conesa

Otro que dice Alonso es el de los grupos incluidos en este expediente. “¿Por qué no están las asociaciones de vecinos, por ejemplo?” En este sentido, Moradiellos destaca que “la urbanización acelerada de ciudades como Madrid o Barcelona generó una serie de problemas de higiene y salud que llevaron a este tipo de colectivos a exigir mejoras”, con su consiguiente documentación. El historiador abre más el abanico: “Incluiría también a las organizaciones sindicales católicas, que tenían una importancia transversal”.

Con los medios actuales, no vale la pena mover fondos de un archivo a otro.

Asociación de Archiveros en la Función Pública

Una de las organizaciones a las que podría interesar este expediente es la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que agrupa a los grupos sindicales anarquistas. Por correo electrónico, Sònia Turón, presidenta de la Fundación Anselmo Lorenzo, que custodia el archivo de esta organización, se pregunta si el Archivo no será “una bolsa mixta para incluir cualquier movimiento colectivo que haya hecho algo a nivel social”. Turón defiende el archivo de la CNT que albergan -otra parte está en el Instituto de Historia Social, en Amsterdam- y considera que trasladarlo a ese nuevo centro diluiría su peso.

Francos señala que “la idea es que se hagan acuerdos con las distintas entidades, para desarrollar un proceso que culmine con el traspaso de documentación al Archivo. Queremos tener todo en un mismo lugar porque hay entidades con dificultades para resguardar y preservar su propia documentación. “

Edificio en Alcalá

Ese lugar será un edificio de la Universidad de Alcalá; De hecho, aprovechará el que ya alberga, desde hace más de una década, archivos del movimiento obrero, como los de las fundaciones Largo Caballero, Pablo Iglesias e Indalecio Prieto, que, sin embargo, contienen documentos de sus inicios. del siglo XX, mucho antes del franquismo. El rector del campus de Alcalaíno, José Vicente Saz, dice que esta institución aportará “el espacio y su mantenimiento” al Archivo y que Cultura primero tendrá que comunicarles qué documentación llegará. “Luego procederemos a evaluar el estado del material, a organizarlo y que cada documento tenga un archivo para archivar. De esta forma, puede ser una útil herramienta de investigación ”, explica. Sin embargo, Henar Alonso advierte: “Ese edificio apenas tiene capacidad para albergar nuevos ingresos documentales en sus depósitos”.

La AEFP también se pregunta “¿qué pasará con la documentación sobre movimientos sociales que ya está en otros centros, se trasladarán al nuevo espacio, se harán copias…? Hoy, con los medios que existen, no vale la pena mover fondos, lo que se necesita es una web donde todo esté bien digitalizado y se pueda consultar ”. Ambas asociaciones de archiveros finalmente muestran su preocupación por la cuestión de cómo se accederá a los nuevos fondos, porque “habrá muchos privados”. Para De la Iglesia, la medida anunciada desde el Ministerio de “firmar convenios con cada entidad o individuo” no es la parte más objetable del real decreto, “pero será una tarea muy laboriosa, con muchos temas por negociar”. En cualquier caso, para Moradiellos lo principal sería que “todos estos documentos se pueden preservar de la negligencia del tiempo porque los destruye”.

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